Por Edgar Godoy (EDF) y Paola Bauche (Secretaria de Medioambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco)
En el contexto global de urgencia climática, los enfoques jurisdiccionales para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+) se consolidan como una alternativa clave para lograr resultados de escala con integridad ambiental y justicia social.
En México, el Estado de Jalisco ha emergido como líder subnacional al diseñar e implementar un modelo REDD+ con visión de largo plazo, respaldo técnico e institucional, y un firme compromiso con los derechos de las comunidades forestales. En su papel de socio estratégico del Gobierno de Jalisco, EDF ha estado proporcionando asistencia técnica específica, apoyando el desarrollo de líneas de base de emisiones y marcos de salvaguardia, y reforzando la alineación de Jalisco con las mejores prácticas internacionales en mercados de carbono de alta integridad.
Bosque tropical en Jalisco, México. Foto: Edgar Godoy.
Con más de 4 millones de hectáreas de cobertura forestal, que representan más del 50% del territorio estatal, los bosques de Jalisco desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, la regulación climática y el sustento de cientos de comunidades de tierras comunales, denominadas ejidos y comunidades indígenas. La Estrategia Estatal REDD+ de Jalisco, formulada mediante procesos participativos, articula conservación, restauración, ordenamiento territorial y desarrollo rural sostenible, alineándose con el Marco Nacional REDD+ y los compromisos de México bajo el Acuerdo de París.
Entre 2010 y 2020, Jalisco logró una reducción del 26% en las tasas de deforestación en regiones prioritarias como la Sierra Occidental, según datos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos. Este avance refleja el efecto de programas estatales que han apostado por soluciones basadas en el territorio, incluyendo incentivos productivos sostenibles y fortalecimiento de capacidades locales.
Nubes cubren parcialmente un bosque en Jalisco, México. Foto: Edgar Godoy.
Uno de los retos más importantes que ha enfrentado el estado es la presión creciente sobre los ecosistemas forestales debido a la expansión de cultivos como el aguacate y el agave tequilero, así como la ganadería extensiva. En respuesta, el gobierno de Jalisco ha implementado una serie de medidas orientadas a controlar y mitigar el cambio de uso de suelo no autorizado en zonas forestales, incluyendo regulaciones más estrictas, monitoreo satelital y coordinación interinstitucional. Asimismo, se han promovido acuerdos con productores y cadenas de valor para incentivar prácticas agrícolas sostenibles y libres de deforestación, buscando garantizar que la riqueza agroalimentaria del estado no comprometa su patrimonio natural. Estos esfuerzos reflejan una visión integral que vincula desarrollo económico, legalidad ambiental y conservación de los recursos forestales.
Con el respaldo técnico de diversas organizaciones nacionales e internacionales, y gracias a la voluntad política sostenida del gobierno del estado, Jalisco ha emprendido un proceso riguroso de preparación para acceder a esquemas de financiamiento climático basados en resultados. Entre los avances más recientes se encuentran los trabajos en curso para la actualización del marco de referencia de emisiones del estado, así como el desarrollo de actividades relacionadas con el sistema de salvaguardas y la consolidación de un Plan de Distribución de Beneficios (PDB) que garantice equidad, transparencia y efectividad en el uso de los recursos provenientes del carbono.
Este proceso se ha caracterizado por un compromiso activo de escucha e inclusión. Desde el gobierno estatal existe un interés genuino en asegurar que las comunidades locales y los pueblos indígenas sean actores centrales en la toma de decisiones, y no meramente beneficiarios. Se están generando espacios de diálogo y consulta para incorporar sus voces, conocimientos y aspiraciones en el diseño de los instrumentos que orientarán la participación del estado en los mercados de carbono.
Además, Jalisco se encuentra evaluando rutas de acceso a mecanismos internacionales como la Coalición LEAF, que promueve la compraventa de reducciones verificadas de emisiones bajo esquemas jurisdiccionales. En este contexto, el enfoque del estado prioriza la equidad: asegurar que los beneficios financieros lleguen de manera directa y proporcional a las comunidades que históricamente han protegido los bosques y enfrentado barreras estructurales para acceder al financiamiento climático.
Tal como lo señaló el IPCC (2022), los enfoques integrados y multiescalares que articulan actores gubernamentales, comunidades locales y financiamiento climático son esenciales para lograr reducciones significativas de emisiones y al mismo tiempo garantizar justicia ambiental. Jalisco está demostrando que esto es posible desde lo local.
El liderazgo de Jalisco ofrece hoy una hoja de ruta replicable para otros gobiernos subnacionales en América Latina. Su enfoque combina voluntad política, respaldo técnico, claridad jurídica y compromiso social. A medida que se consolida el interés global por los créditos jurisdiccionales de carbono, experiencias como la de Jalisco representan una apuesta concreta para canalizar financiamiento climático hacia donde más se necesita: los territorios que están en la primera línea de defensa frente a la deforestación y el cambio climático.
Bosque tropical en Jalisco, México. Foto: Edgar Godoy.
¿Qué son los ejidos?
En México, los ejidos son una forma de propiedad comunal de la tierra establecida tras la Revolución Mexicana como parte de la reforma agraria. Mediante este sistema, el gobierno concedió tierras a las comunidades rurales (ejidatarios) para su uso colectivo, principalmente para la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Aunque los miembros individuales pueden tener derecho a utilizar parcelas específicas, la tierra sigue siendo propiedad comunal y no puede venderse como propiedad privada. En conjunto, los ejidos y las comunidades indígenas poseen aproximadamente el 60% de las tierras forestales de México, lo que los convierte en administradores fundamentales de los recursos naturales del país. Su papel es fundamental para la conservación de los bosques, la gestión sostenible de la tierra y la aplicación de iniciativas sobre el clima y la biodiversidad a escala local y nacional.
*Fotografías por Edgar Godoy, EDF.
